La noticia ha llegado casi a la vez en los dos municipios donde Adif ha decidido mejorar las estaciones de tren. En Molins de Rei, Renfe se ha comprometido a hacer la estación más accesible, algo que por el momento debería afectar a los andenes, pero hay serias dudas de que no acabe afectando también al edificio histórico de la estación. Algo parecido sucede en Sant Feliu de Llobregat, donde, con la excusa del soterramiento de las vías, el edificio de la estación se va a remodelar por completo. Todas estas medidas, por eso, no han sido del todo bien recibidas por la ciudadanía.
Pese a las mejoras que van a comportar estos trabajos, diversos movimientos sociales y partidos políticos de la oposición han mostrado su rechazo a que se destruyan o modifiquen dos de las estaciones más antiguas de España. De hecho, en Molins, el ayuntamiento ha tenido que modificar su Pla Especial del Patrimoni a petición de Adif y del Ministerio de Interior que alegaron que el consistorio no tenía competencias sobre este edificio que era de su propiedad, algo que ha molestado a la oposición.
El propio regidor de patrimonio, Miguel Zaragoza, ha admitido que se trataba de "desatascar la situación" para poder sacar adelante el proyecto de protección de inmuebles históricos y preservar al menos unas 180 fincas del municipio. Los aliados del gobierno municipal socialista, Junts per Molins, han admitido que se han rendido "demasiado rápido con Adif, pero es una administración extremadamente potente". Más duros han sido desde Molins Camina que consideran esta decisión "un despropósito" y junto con Molins en Común creen que "se habría podido negociar más". Pese a todo, desde el ayuntamiento se han comprometido a explorar posibles medidas de protección para poder conservar la estación.
En Sant Feliu directamente ha sido el equipo de gobierno quien ha decidido derribar la antigua, que tiene ya 165 años de historia, aprovechando que se ha conseguido iniciar las obras del soterramiento de las vías que atraviesan la capital del Baix Llobregat. El plan, además ya venía de lejos, por eso, la plataforma "Salvem l’Estació de Tren", creada en 2012, con el apoyo de la Associació d'Amics del Ferrocaril, ya han empezado a movilizarse. Los vecinos consideran que se trata de un "error político" y reclaman al consistorio que reevalúen esta decisión que se ha visto precipitada y acelerada por el soterramiento de las vías.
En este caso, el consistorio dice no tener nada que ver, porque el responsable del edificio es Adif. Lo que sí es cierto, asegura la alcaldesa, Lidia Muñoz, es que desde el consistorio se le comunicó al organismo que era necesario remodelar la histórica edificación y estos le respondieron que eso implicaría retrasar el soterramiento de las vías, algo que llevan esperando desde 40 años, por lo que no estaban dispuestos a aceptar un nuevo retraso.
Desde el ayuntamiento de Sant Feliu, insisten en que van a hacer lo posible para mantener al máximo el edificio de 1854, pero que su prioridad es el soterramiento. Asimismo, la alcaldesa ha reprochado a la plataforma "Salvem l'Estació de Tren" que no haya asistido a las diferentes sesiones participativas organizadas por el consistorio.
Sea como sea, los edificios de las estaciones de Molins y Sant Feliu que datan de finales de 1800 parecen estar a punto de desaparecer mientras los ayuntamientos alegan que no pueden hacer nada.
Pese a las mejoras que van a comportar estos trabajos, diversos movimientos sociales y partidos políticos de la oposición han mostrado su rechazo a que se destruyan o modifiquen dos de las estaciones más antiguas de España. De hecho, en Molins, el ayuntamiento ha tenido que modificar su Pla Especial del Patrimoni a petición de Adif y del Ministerio de Interior que alegaron que el consistorio no tenía competencias sobre este edificio que era de su propiedad, algo que ha molestado a la oposición.
El propio regidor de patrimonio, Miguel Zaragoza, ha admitido que se trataba de "desatascar la situación" para poder sacar adelante el proyecto de protección de inmuebles históricos y preservar al menos unas 180 fincas del municipio. Los aliados del gobierno municipal socialista, Junts per Molins, han admitido que se han rendido "demasiado rápido con Adif, pero es una administración extremadamente potente". Más duros han sido desde Molins Camina que consideran esta decisión "un despropósito" y junto con Molins en Común creen que "se habría podido negociar más". Pese a todo, desde el ayuntamiento se han comprometido a explorar posibles medidas de protección para poder conservar la estación.
En Sant Feliu directamente ha sido el equipo de gobierno quien ha decidido derribar la antigua, que tiene ya 165 años de historia, aprovechando que se ha conseguido iniciar las obras del soterramiento de las vías que atraviesan la capital del Baix Llobregat. El plan, además ya venía de lejos, por eso, la plataforma "Salvem l’Estació de Tren", creada en 2012, con el apoyo de la Associació d'Amics del Ferrocaril, ya han empezado a movilizarse. Los vecinos consideran que se trata de un "error político" y reclaman al consistorio que reevalúen esta decisión que se ha visto precipitada y acelerada por el soterramiento de las vías.
En este caso, el consistorio dice no tener nada que ver, porque el responsable del edificio es Adif. Lo que sí es cierto, asegura la alcaldesa, Lidia Muñoz, es que desde el consistorio se le comunicó al organismo que era necesario remodelar la histórica edificación y estos le respondieron que eso implicaría retrasar el soterramiento de las vías, algo que llevan esperando desde 40 años, por lo que no estaban dispuestos a aceptar un nuevo retraso.
Desde el ayuntamiento de Sant Feliu, insisten en que van a hacer lo posible para mantener al máximo el edificio de 1854, pero que su prioridad es el soterramiento. Asimismo, la alcaldesa ha reprochado a la plataforma "Salvem l'Estació de Tren" que no haya asistido a las diferentes sesiones participativas organizadas por el consistorio.
Sea como sea, los edificios de las estaciones de Molins y Sant Feliu que datan de finales de 1800 parecen estar a punto de desaparecer mientras los ayuntamientos alegan que no pueden hacer nada.
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